El Tribunal Supremo establece que los bancos deben de pagar el tributo sobre actos jurídicos documentados


Ayer a media mañana el Tribunal Supremo publicaba la sentencia en la que obligaba a los bancos a hacerse cargo sobre los impuestos de actos jurídicos documentados (AJD). Las bolsas en aquel momento pasaron a rojo y lastraron al IBEX a una bajada del 1,2%, caída provocada por la cotización de la banca; Sabadell (-6.7%), Bankinter (-6.27%), Bankia (-5.11%), CaixaBank (-4.54%), BBVA (-2.7%), Santander (-2,05%). Los bancos con mayor exposición internacional (sobre todo fuera de Europa) fueron las que más amortiguaron la caída.

El AJD es un tributo regulado por el Real Decreto Legislativo 1/1993 de 24 de septiembre que se aplica a los documentos notariales, mercantiles y administrativos. Las hipotecas al constituirse ante notario quedan afectadas por este impuesto. Al ser un impuesto cedido a la CCAA en 2009 cada Comunidad establece sus tipos, desde el 1,5% en Andalucía, Valencia, Castilla y León hasta el 0,5% de País Vasco y Navarra. Para el calculo del impuesto se tiene cuenta la responsabilidad hipotecaria total (no únicamente el valor del préstamo) por lo que se le sumarían intereses de demora o costes de litigio. Solo en 2017 este impuesto reportó a las CCAA 8.000 millones de euros.

Los bancos reaccionaron a esta sentencia a medio día de ayer lanzando un comunicado la AEB y la CECA. En el mismo indican que han cumplido siempre con la normativa vigente y que son las Comunidades las que cobran este impuesto. Hay que remarcar que en la sentencia del Tribunal Supremo modifica con esta sentencia su jurisprudencia, ya que en febrero de este año el Supremo establecía que el pago de estos impuestos corresponde a los consumidores.

¿Quién debe pagar la devolución y a quien se le debe reclamar?

Es importante destacar que el Supremo no especifica si es de carácter retroactivo, pero este impuesto prescribe a los cuatro años. Por lo tanto (en principio) afectaría a las hipotecas a partir de 2014, hay que tener en cuenta que esto afecta a más de 1,5 millones de hipotecas. En una hipoteca media de 150.000 euros el pago en el impuesto podría ser de 1.500 euros aproximadamente.

La forma más rápida para reclamar, ya que es un impuesto cedido, sería dirigirse a las haciendas de cada autonomía y solicitar la devolución de ingresos para las hipotecas de los últimos cuatro años. Las haciendas se encargarían de enviar el requerimiento a los bancos.

Si la hipoteca tuviera más de cuatro años, se tendría que emprender acciones legales contra las entidades bancaria. Este sería el camino más largo, ya que habría que pleitear ante los bancos y estos probablemente aludirán al Estado para intentar que sea el estado el que deba actuar subsidiariamente como responsable de la situación. En estos momentos las asociaciones bancarias no han facilitado información sobre cómo proceder en la reclamación del impuesto.

Para la reclamación sería necesaria la escritura de préstamo hipotecaria, facturas de notaría, registro de propiedad tasación del inmueble, gestoría e impuesto.

 

¿Cómo afecta esta situación a las entidades bancarias?

En el sector bancario la seguridad jurídica es lo más importante, ya que es un negocio fuertemente regulado y los cambios legislativos afectan gravemente en su modelo de negocio. Esta es una de las principales razones por la que los bancos españoles, a pesar de su solvencia, expansión y resultados, están en caída generalizada en bolsa este año. Algunas entidades bancarias expresaban su preocupación por la percepción del sector en la ciudadanía y como todas las sentencias les estaban afectando negativamente en los últimos años.

Variación en bolsa de los bancos en un año (fuente: Yahoo Finance)

Aunque la sentencia haría que las hipotecas sean una media de 1.500-2.000 euros más baratas para el consumidor, probablemente la banca reaccione recuperando la comisión de apertura de hipotecas (ya casi en desuso) y subiendo los diferenciales en las hipotecas que se firmen de ahora en adelante. Pero en un momento de tanta competencia en esta área, donde los costes de hipotecas están reducidos de forma importante para captar clientes, es posible que afecte más a las concesiones que a los costes de hipoteca.

En cuanto a las acciones bancarias, el más perjudicado en el día de ayer fue el Sabadell al ser la entidad menos sólida a nivel de balance, no estar tan diversificada internacionalmente y ser una de las entidades que más estaba apostando en hipotecas de tipo fijo los últimos años (suponen más riesgo para el banco).

Realizando unos cálculos, en el año 2016 Sabadell concedió más de 3.000 millones en créditos hipotecarios lo que supone un coste aproximado de 30 millones en AJD. Aunque la venta de hipotecas ha aumentado en los últimos años, suponiendo que concedió la misma cantidad durante los últimos 4 años esto supone 120 millones a pagar por los costes de AJD. El beneficio neto del grupo Sabadell del ejercicio de 2017 supuso 801.5 millones de euros, por lo tanto, la devolución de este importe supondría aproximadamente un 15% del beneficio de la entidad. Esto sería a un año, eliminando que no haya retroactroactividad en la sentencia.

La situación de los bancos sigue empeorando, donde en el día de hoy siguen en caída y hasta que no se resuelvan todos lo detalles de la sentencia, el sector seguirá acumulando pérdidas en bolsa. Esto es otra sentencia más que afecta a la banca, como fue la de las cláusulas suelo, y dependiendo de la retroactividad total de la sentencia podría tener efectos muy negativos en la situación bancaria de las entidades más expuestas en España y por ende al flujo de crédito hipotecario de cara a futuro.

 

DISCLAIMER

Este documento no implica en ningún momento una recomendación de inversión. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Cualquier inversión a realizar debe ajustarse al perfil de riesgo del cliente con un test MiFID que se deberá completar. La información que se proporciona se ha obtenido de fuentes fiables, con la máxima responsabilidad en su realización.